Ley de Presupuestos Generales del Estado: Un ataque a la autonomía municipal

en Actualidad/Blog del concejal y la concejala/Miguel Ángel Ortega

De Miguel Ángel Ortega

El borrador de Presupuestos Generales, que han presentado el Partido Popular y Ciudadanos en el Parlamento, es un ataque frontal contra los procesos de remunicipalización de servicios públicos que numerosos ayuntamientos están acometiendo y una intromisión inaceptable en la autonomía municipal.

Las disposiciones adicionales 27 y 35 del borrador de los PGE recogen en su texto que las Administraciones no podrán incorporar como empleados públicos a los trabajadores “de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos (…) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio“, añadiendo, además, que los incrementos de plantilla que se produzcan con motivo del cambio de modelo de gestión de un servicio privatizado, computarán a efectos de la Tasa de Reposición, una limitación que en el caso de un municipio como Móstoles limitaría el número de empleados a contratar a escasamente una docena, bloqueando así cualquier posibilidad de pasar a manos públicas los grandes contratos de la ciudad.  Con este texto se torpedea directamente cualquier intento de rescate de servicios públicos privatizados, manteniendo así el inmenso negocio con el que se lucran grandes empresas que, casualmente, suelen estar envueltas en casos de corrupción y de financiación ilegal del Partido Popular, obligando a los municipios a tener que seguir pagando sobrecostes por servicios mal prestados por los contratistas.

En un momento en el que somos conocedores de la inmensa trama de corrupción creada en torno a la privatización de servicios esenciales, el gobierno de Mariano Rajoy, apoyado por sus socios de Ciudadanos y con los votos comprados del PNV, se rearma frente a políticas de gestión directa que están demostrando ser mucho más eficientes, baratas y justas, dejando claro que defienden los intereses privados de una minoría frente a los intereses de la mayoría social. Esta apuesta del partido de la corrupción, violando la autonomía municipal para decidir cómo gestionan los ayuntamientos los servicios que son de su exclusiva competencia, los sitúa fuera del marco constitucional al atacar al principio de autonomía consagrado en el Artículo 140 de la Constitución Española, que hace descansar el gobierno y administración de los municipios en sus Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales, elegidos directamente por los vecinos. Nuestra Constitución no establece tutela alguna del gobierno central sobre cómo han de prestarse los servicios que no son de su competencia, por lo que estamos ante unos Presupuestos Generales del Estado atravesados por la ideología sectaria y ultraliberal de un Partido Popular que ha perdido la batalla de las ideas y de la decencia.

Efectivamente, durante años se ha repetido el mantra neoliberal de que lo público es ineficiente y caro, por lo que había que desmantelarlo y entregar su gestión a “eficientes” empresas que abaratarían costes y “mejorarían” los servicios prestados. Ese discurso ha sido desmontado por la tozuda realidad: contratos millonarios en manos de unas pocas empresas, en los que se amañan precios, se inflan costes y se incumplen de forma reiterada los términos pactados, deteriorando gravemente el patrimonio público y los servicios que reciben los ciudadanos, al tiempo que se precariza el empleo.

Móstoles no ha sido una excepción. Nuestros edificios y colegios públicos se encuentran en una situación crítica, en lo tocante a su mantenimiento, porque aún no hemos sido capaces de romper el multimillonario contrato con Cofely, la principal empresa de la trama Púnica. Nuestros parques y jardines se encuentran en un estado lamentable de mantenimiento pese a que pagamos más de cinco millones de euros al año a dos grandes empresas, Ferrovial y Urbaser, por ese trabajo. La empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria ha utilizado irregularmente medios municipales para sostener su negocio en otros municipios… una larguísima lista de incumplimientos generalizados producto de años de impunidad y falta de control.

Ante esta situación Ganar Móstoles apuesta decididamente por la remunicipalización de esos grandes contratos, devolviéndolos a la gestión directa por parte de nuestro Ayuntamiento manteniendo el empleo. No podemos seguir consintiendo que las vecinas y vecinos de Móstoles vean dilapidado su dinero mientras sus servicios y su Patrimonio siguen deteriorándose. Por ello, en el próximo Pleno Municipal de mayo, vamos a presentar una moción exigiendo la retirada de la Disposición Adicional 27 y 35 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sumándonos a iniciativas similares en todos los municipios del Estado que, propondremos, acaben materializándose en un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. No vamos a consentir que el partido de la corrupción y sus cómplices naranjas acaben con la autonomía municipal consagrada en nuestra Constitución para seguir beneficiando a ese puñado de empresas a las que riegan generosamente con contratos públicos que esquilman nuestro presente y futuro.